PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO TRIBUTARIO ACTUAL – Perú

Por: Francisco Pantigoso Velloso da Silveira

Abogado tributarista

PANTIGOSO & ASOCIADOS SCRL

Miembro de IFA Grupo Peruano

Catedrático de la Universidad del Pacífico

Miembro de CAPEBRAS

En estos momentos se anuncian posibles cambios al Código Tributario. En muchos casos, se plantean modificaciones para mejorar la recaudación, lo que debe seguir el principio de respeto a los derechos de los contribuyentes y en especial los principios de equidad y justicia.

Respecto de estos posibles cambios al Código Tributario en el aspecto del procedimiento contencioso – administrativo (Libro III de dicho cuerpo legal) consideramos que el Poder  Ejecutivo debería revisar los siguientes puntos: 

Intereses moratorios

No resultaría evidentemente equitativo que actualmente la suspensión del conteo de los intereses moratorios respecto de una posible deuda tributaria, no sea aplicable a la etapa de la apelación ante el Tribunal Fiscal (TF) ni durante la tramitación de la demanda contencioso – administrativa ante el Poder Judicial (tal como se establece en el artículo 33° del Código Tributario), ya que es evidente que el retardo en la resolución no sería por culpa del contribuyente.

En todo caso, debería, -como sucede en la instancia de reclamación ante la SUNAT-, determinarse un plazo prudencial de resolución del Tribunal, pasado el cual, se suspende el cómputo de intereses moratorios.

Otra posible solución sería que se mantenga sólo una actualización de la deuda bajo el IPC en la instancia del TF.

Facultad de reexamen

Como se sabe, esta facultad -incluida en el artículo 127° del Código Tributario-, permite al órgano encargado de resolver, hacer un “nuevo examen completo de los aspectos del asunto controvertido, hayan sido o no planteados por los interesados”. Se ha agregado que sólo se podrá modificar los reparos efectuados en la etapa de fiscalización o verificación que hayan sido impugnados, para incrementar sus montos o disminuirlos.

En este punto sería recomendable que la Administración tuviese a la mano un reglamento de fiscalización bajo reexamen, ya que esta figura viene generando mucha inseguridad jurídica, al no conllevar plazos máximos de revisión, no contener una definición de lo que se entiende por “aspectos del asunto controvertido”, retornándose con esta figura a una etapa de fiscalización que debió estar plenamente concluida (lo cual genera una “inseguridad jurídica”). Por justicia, deberían eliminarse los intereses moratorios que de ella deriven, inclusive por los primeros nueve (9) meses que señala el artículo 142° del Código Tributario.

No se entiende también el sentido del último párrafo del referido artículo 127°, que señala que “contra la resolución que resuelve el recurso de reclamación incrementando el monto de los reparos impugnados sólo cabe el recurso de apelación”. Esto estaría aparentemente cerrando la posibilidad de aplicar el reexamen en vía del Tribunal Fiscal, cuando en principio la figura se refiere a todo “órgano encargado de resolver”, que incluiría a este colegiado.

Limitación de pruebas ante el Tribunal Fiscal

Como se sabe, ante el Tribunal Fiscal no se admiten pruebas que habiendo sido requeridas en primera instancia (SUNAT), no hubieran sido presentadas y/o exhibidas por el deudor tributario (art. 148°), o aquellas no ofrecidas en primera instancia; salvo que sean pruebas sobre hechos nuevos contemplados en la Resolución de Intendencia de SUNAT, se trate de pruebas no presentadas sin que exista culpa del contribuyente o éste acredite el pago del monto impugnado vinculado a las pruebas no presentadas.

Estas limitaciones, podrían estar generando la violación al derecho de defensa del contribuyente, pregonado en la Constitución Nacional, pudiendo proceder un amparo ante la negativa de merituar tales pruebas.

Reclamación inoficios

Se debería volver al hecho de que si un contribuyente reclama simplemente bajo un objetivo “dilatorio” del pago, sin que existan argumentos de defensa, se le impusiese por el Tribunal Fiscal “recargos” (componente penal de la deuda), de manera aparte del cómputo de los intereses moratorios, que ajustan la deuda en el tiempo.

Esto podría disuadir la presentación de expedientes sin mayor argumento.

Carga procesal 

Ante la existencia de innumerables expedientes pendientes de resolver en la actualidad en el Tribunal Fiscal, se hace necesaria una reingeniería de las instancias y de la admisibilidad de un expediente.

En tal sentido, como sucede en otros países, debería evaluarse que sólo los casos de cuantía sustantiva, deberían derivarse al Tribunal Fiscal. Los casos “menores” en monto, podrían ser resueltos en vía de apelación por revisores fiscales independientes que serían evaluados y contratados por la SUNAT, pudiendo contradecirse la resolución respectiva en el Poder Judicial, según reglamento especial para este caso.

Cobrabilidad de deudas reclamadas ante el Poder Judicial

La presentación  de la demanda contencioso – administrativa ante el Poder Judicial (PJ), de acuerdo al artículo 157° no interrumpe la ejecución de los actos o resoluciones de la Administración Tributaria (procedimiento de cobranza coactiva).

Podría darse entonces la paradoja de que el contribuyente tenga un resultado favorable ante el PJ, pero la SUNAT ya haya ejecutado al sujeto pasivo, dejándolo en situación de iliquidez o quiebra.

Resulta entonces que la SUNAT habría cometido un abuso al cobrar una deuda que finalmente se declara “inexigible”. En tal sentido, la norma debería eliminarse, y paralelamente definir Salas Especializadas en lo tributario en el PJ que resuelvan con celeridad y eficiencia, exigiéndose a los jueces y vocales que tengan un mínimo de especialización en lo impositivo.

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