Pladesemapesga apoya y se suma a la iniciativa de Environmental Justice Foundation EJF, contra el mercado ilegal de productos pesqueros en Europa.

 Se encuentra a la disposición de los usuarios en la Plataforma en Defensa del Sector Marítimo Pesquero de Galicia http://www.pladesemapesga.com/Article35874.phtml una carta en línea para enviar al Secretario General de Pesca, Carlos Domínguez Díaz. Le escribo para pedirle que se asegure de que el gobierno de España acepta su responsabilidad jurídica y ética y cumple con la legislación de la Unión Europea para prevenir, desalentar y eliminar la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR).

La pesca INDNR es un problema grave. Vacía caladeros, degrada el medio ambiente marítimo y amenaza la seguridad alimentaria. Se estima que conlleva un coste de entre diez mil y veintitrés mil quinientos dólares americanos cada año y las naciones en vías de desarrollo son particularmente vulnerables. Por añadidura, la pesca INDNR es competencia desleal para los pescadores que respetan la ley.

El Reglamento (CE) No. 1005/2008 del Consejo Europeo establece un sistema comunitario para prevenir, desalentar y eliminar la pesca INDNR impidiendo que los productos de la pesca ilegal entren en los puertos europeos. Esta es una iniciativa de gran importancia que requiere la colaboración y apoyo activo de los Estados miembros de la Unión, y en particular de España, que tiene la flota pesquera más importante y algunos de los puertos de mayor actividad de Europa.

En marzo de 2011, la ONG Environmental Justice Foundation (EJF) entregó a la Comisión Europea y al Ministerio de Asuntos Rurales y Marinos (MARM) pruebas documentales que provocaron la retención de varios cientos de toneladas de pescado del buque frigorífico Seta No. 73 en el puerto de Las Palmas.

Sin embargo, en junio del mismo año el MARM ordenó que el pescado retenido fuese desbloqueado, indicando que no había encontrado pruebas de que los productos retenidos hubiesen sido obtenidos ilegalmente. Esto contradice pruebas fehacientes entregadas por los cuatro países ribereños de África occidental que fueron víctimas de las actividades pesqueras del Seta No. 73 y de los otros pesqueros implicados.

El análisis de EJF, con el que concurro, estima que el desbloqueo de las partidas ilegales de pescado fue no sólo incorrecto y contrario al Reglamento sino que además ha tenido un impacto negativo.

España debe tomar acción decisiva para prevenir que otras partidas ilegales de pescado entren en el mercado comunitario a través de sus puertos. Su posición preponderante en el mercado de productos pesqueros conlleva responsabilidades igualmente importantes. Consecuentemente, el gobierno español debe tomar las medidas necesarias contra la pesca ilegal y apoyar a otros estados ribereños en la lucha contra este mal.

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