Círculo urge la reforma administrativa, que “siga el ejemplo de ajuste que ya han hecho familias y empresas”

  • Aplaude el protocolo firmado por Xunta y diputaciones y anima a seguir dando pasos para eliminar duplicidades
  • Propone reducir a 60 los parlamentarios autonómicos gallegos de la próxima legislatura

Vigo, 21 de junio de 2012.- El Círculo de Empresarios de Galicia acoge con satisfacción el protocolo firmado ayer por Xunta y diputaciones, por cuanto coincide plenamente con los planteamientos que, desde hace un par de años, viene formulando esta entidad empresarial. Círculo anima a las administraciones a profundizar en este protocolo con el fin de llevarlo a buen puerto, y a seguir dando pasos de cara a una profunda reforma administrativa, que requeriría el máximo consenso político.

Tras las reformas emprendidas en España, que afectan al mercado laboral, al sector financiero y los anuncios sobre los sistemas educativo y sanitario, el Círculo de Empresarios de Galicia considera imprescindible abordar ya dicha reforma, para, siguiendo el ejemplo de ajuste que ya han hecho familias y empresas, eliminar duplicidades, despilfarros y costes improductivos, reajustar el peso del sector público en la economía y, al mismo tiempo, abordar la revisión del estado de las autonomías.

La reforma administrativa se hace más urgente tras la ayuda financiera anunciada (o rescate) por la UE para la banca, que exige un mayor control en los ámbitos económico y fiscal, y obliga a la optimización, especialización, productividad y mejor distribución del empleo público.

Sector público

Es preciso invertir la tendencia de crecimiento de empleo público que se ha seguido en la última década en España, en contraste con lo ocurrido en otros países europeos. Si bien es cierto que España registra una media de 6,6 funcionarios por cada cien habitantes, sólo superior a la media de Austria (5,73), Italia (6,02) y Portugal (6,22), también lo es que, entre 2001 y 2010, el empleo público se incrementó en España casi un 25 %. Según algunas fuentes, la nómina de los empleados públicos consume el 11,9 % de nuestro PIB, un punto por encima de la media europea, y cuatro puntos por encima de Alemania, que presenta una ratio de funcionarios por habitantes ligeramente superior a la española.

De acuerdo con los datos de la EPA del último trimestre del año pasado, el número de asalariados públicos continuó creciendo (un 3,5 %) entre 2008 y 2011, mientras que la cifra de desempleados aumentó un 64,4 %, y el total de asalariados descendió un 10.32 %. La EPA también precisa que fueron las administraciones autonómicas las que más aumentaron sus cifras de asalariados públicos (un 14 %), en tanto que se redujeron ligeramente, desde 2010, en las locales.

  2007 2008 2009 2010 2011
Total 2.913,3 3.029,5 3.065,7 3.168,5 3.136,1
Administración central 517,4 531,6 509,1 560,9 533,1
Seguridad Social 46,3 44,6 35,5 40,4 38,6
Administraciones autonómicas 1.551,6 1.639,9 1.693,1 1.750,9 1.769,5
Administraciones locales 628,6 650,4 664 657,2 623,5
Empresas e instituciones públicas 156,7 147,3 151,8 152,1 157,1
Otro tipo 6,5 8,3 9,5 5,7 10,5
No sabe 6,2 7,3 2,7 1,4 3,5

 

En todo caso, el problema no radica en el número de funcionarios, sino en su distribución, ya que en nuestro país el volumen más significativo de empleados públicos está asignado a servicios administrativos (43,8 %), al igual que ocurre en Italia (37,61 %), en tanto que en países como Dinamarca, Finlandia, Noruega, Reino Unido o Países Bajos la mayor nómina corresponde a servicios sociales y de salud, y en otros, como Polonia o Suiza, a enseñanza.

Del mismo modo, es necesario articular políticas internas de motivación entre los empleados públicos, así como procurar evitar campañas de desprestigio que, al igual que ha venido sucediendo con la empresa, en nada contribuyen a la serenidad del clima social.

Estado de autonomías y parlamentos

Círculo de Empresarios de Galicia reitera las ideas expresadas en su documento ‘Repensar el Estado’, publicado en febrero de 2011, en el que defendía la necesidad de redefinir las competencias estatales y autonómicas, finiquitar los procesos de transferencias y armonizar desde la administración central aquellas materias más sensibles, como son la sanidad y la educación, así como reducir, cuando no eliminar, cientos de empresas y fundaciones públicas. El objetivo es evitar duplicidades que nada aportan al ciudadano ni a la economía.

Del mismo modo, es urgente también impulsar procesos que conduzcan a la fusión de municipios de menos de 5.000 habitantes, procesos en los que las diputaciones deben involucrarse plenamente, para después analizar el futuro de los organismos provinciales.

Congreso de los Diputados y Parlamentos Autonómicos deben también adelgazar su nómina de representantes hasta los mínimos establecidos en la Constitución y los respectivos Estatutos de Autonomía. Así, en el caso del Congreso, el mínimo establecido es de 300 parlamentarios, frente a los 350 actuales. En lo que respecta a los parlamentos autonómicos, reducir a los mínimos o aplicar- en el caso de los estatutos que no precisan número- criterios racionales de proporcionalidad, supondría una aminoración de no menos de un centenar de diputados. El mínimo establecido por el Estatuto de Autonomía de Galicia está fijado en 60 parlamentarios, frente a los 75 actuales.

Igualmente el Senado, que hasta ahora ha venido actuando exclusivamente como una mera  Cámara de segunda lectura, sin apenas actividad, debería convertirse en una Cámara de representación territorial, reduciéndose el número de senadores, o suprimirse.

Pacto de Estado

Una reforma administrativa profunda requiere, no obstante, de un gran consenso nacional que, en nuestra opinión, debería ser motivo de un pacto de Estado. Así, el previsible rechazo de muchos pequeños ayuntamientos a las fusiones sólo puede ser contrarrestada por la voluntad firme de quienes han de impulsar estos procesos ‘de arriba abajo’; es decir, desde el mayor apoyo legislativo posible, que exige a su vez una gran generosidad por parte de los partidos políticos.

Del mismo modo, es preciso proceder a las reformas necesarias- incluso constitucionales- que conduzcan a la supresión de decenas de organismos prescindibles (fundaciones, consejos consultivos, ‘embajadas’ autonómicas, etcétera- un proceso que, en el caso de la Xunta de Galicia, ya se inició con la extinción de 42 entes en una primera fase-), así como de la proliferación de televisiones autonómicas y coches oficiales.

Ciertamente, en algunos casos, presupuestos o costes de los mismos son exiguos, por lo que pueden dar lugar a la crítica generalizada de quienes se resisten a su desaparición, argumentando que es “el chocolate del loro”. En este sentido, cabe recordar que familias y empresas continúan eliminando muchas pequeñas partidas (‘chocolate del loro’), con el fin de encarar la crisis, conscientes de que la suma de todas ellas supone, al final, un ahorro importante.

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