Las distintas velocidades del Perú y el nuevo gabinete

 Francisco Pantigoso .- Abogado Internacional

¿A qué velocidad avanza el Perú? La respuesta que primero viene a la mente es a la tasa de crecimiento del PBI. La realidad es mucho más compleja: La velocidad no es la misma para el Perú moderno, para el Perú tradicional o para el Perú informal.  Tampoco es similar si observamos los indicadores económicos, los sociales o los de seguridad ciudadana. 

Si uno se desenvuelve en el Perú moderno, el Perú avanza rápidamente. De hecho, las empresas líderes del país crecen por encima del 10% anual, las oportunidades de empleo y de crédito proliferan y la acelerada construcción de edificios y centros comerciales confirma esta percepción.

Si uno está en el Perú tradicional, en cambio, la sensación es que el país avanza lentamente. Para un profesor de una escuela pública en un pueblo rural, por ejemplo, es difícil compartir el optimismo de un ejecutivo limeño. Sus ingresos han mejorado pero todavía son modestos y los recursos que tiene para dictar clase siguen siendo insuficientes.

A su vez, para quienes viven en la informalidad, la sensación de progreso es más variada y contradictoria. Los más exitosos están mejorando su capacidad adquisitiva, los menos hábiles logran con mucho esfuerzo mantener sus precarias condiciones de vida. Pero, en cualquier caso, deben enfrentar cotidianamente la incertidumbre de vivir en la frontera de la ilegalidad.

Desde la perspectiva del país, la lectura de los indicadores económicos es concluyente: el Perú avanza a buen ritmo. El crecimiento promedio de 6% en la última década es uno de los mayores del mundo. Gracias a la estabilización y la apertura económica, las empresas se volvieron más competitivas y desde entonces se incrementa la inversión, el consumo y los ingresos fiscales.

En el ámbito social, en cambio, la sensación es que el avance es lento. Es verdad que la pobreza se ha reducido en la última década de 55 a 28%, pero las mejoras en la cobertura y calidad de la educación, la salud y otros servicios públicos son modestas. La dificultad para avanzar más rápido en el sector público es estructural: mientras una empresa privada puede hacer todo lo que la ley no prohíbe, una entidad estatal no puede hacer nada que la ley no autorice expresamente.  A pesar de ello, hay algunas instituciones públicas que logran desarrollar buenas prácticas gubernamentales, como las que son reconocidas anualmente por los premios que otorga la ONG Ciudadanos al Día[i]. Vale la pena estudiarlos como ejemplos a seguir.

Pero también hay un país que retrocede, cuando lo que se expande es dañino para la sociedad: la delincuencia común y el narco-terrorismo son los problemas más evidentes, pero también el Perú se repliega cuando se extiende la violencia en los conflictos sociales. La situación se agrava cuando la entidad pública llamada a defender la aplicación de la ley, la Policía Nacional, viene sufriendo desde hace años un continuo deterioro y está parcialmente corroída por la corrupción.

El gran desafío del nuevo gabinete es que el Perú mantenga el buen ritmo del crecimiento económico, dinamice la gestión en los sectores sociales y, sobre todo, revierta la involución en el campo de la seguridad, el problema que más preocupa a la ciudadanía. La trayectoria y declaraciones iniciales del Primer Ministro así como el perfil de quienes han sido convocados para las carteras relacionadas (Interior, Justicia y Defensa) permiten abrigar la esperanza de que se avance en la recuperación de la seguridad ciudadana en el país.

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