Argumentario de la Cámara de Comercio de Vigo en relación con la inminente resolución de la Comisión Europea sobre el anterior sistema de bonificaciones fiscales, conocido como “Tax Lease”

  • Camara_VigologoLa institución presidida por José García Costas considera que la posible exigencia de la devolución de las bonificaciones fiscales supondría, en primer lugar, la desaparición irremisible del sector naval español.
  • La Cámara viguesa  apoya la existencia de mecanismos que aseguren la libre competencia, aunque tales mecanismos no pueden suponer ni un freno ni un peligro para la propia actividad industrial en los países de la Unión.

Vigo, 12/07/13.- Ante la próxima reunión de la Comisión Europea del próximo día 17 de este mes, en la que se debatirá una resolución acerca de la posibilidad de exigir la devolución de ciertas bonificaciones fiscales a inversores en el sistema conocido como “tax lease”, la Cámara de Comercio de Vigo quiere, en primer lugar, mostrar todo su apoyo a un sector que resulta de la máxima importancia en el entramado económico y social que da soporte, no sólo a la ciudad de Vigo y su entorno, sino a toda Galicia y otras comunidades españolas, y que por razones históricas, culturales, técnicas y empresariales representa un pilar estratégico de nuestra industria.

La Cámara de Comercio de Vigo considera que la posible exigencia de la devolución de las bonificaciones fiscales antes mencionadas, tendría todo tipo de consecuencias negativas que, en su conjunto,  supondrían la desaparición irremisible del  sector naval español. Por ello consideramos que deben tenerse en cuenta algunos aspectos que a continuación pasamos a detallar:

–      En primer lugar, el sistema conocido popularmente como Tax Lease, y denominado en las últimas resoluciones de la Comisión como SAFE (Sistema de Arrendamiento Fiscal Español), consideramos que no debe entenderse como un esquema de ayudas de estado en sí mismo, dado que se trata, exclusivamente, de una consecuencia de la posibilidad de cambio en aplicación de un sistema fiscal específico para las compañías navieras dedicadas al transporte marítimo, conocido como Tributación por Tonelaje, aplicable al modo de tributación en el Impuesto de Sociedades. Tal sistema fue debidamente comunicado a la Comisión, quién lo aceptó como ayuda estatal compatible, por lo que no cabe calificar las consecuencias de su aplicación como ayuda incompatible. Cualquier ventaja para cualquiera de las partes estaba contenida de modo implícito en las ventajas que hubieran podido resultar del sistema especial de tributación por tonelaje, otorgadas a las empresas dedicadas al transporte marítimo, incluyendo las empresas propietarias de buques para su explotación por terceros. La aprobación como ayuda compatible del mencionado sistema debe tener como consecuencia inexcusable el que sus posibles beneficios consecuenciales también tengan el carácter de ayuda compatible.

–      En segundo lugar, aun considerando que la ayuda tuviese un carácter diferenciado de la ya aprobada en 2002, los beneficios no tienen un carácter nacional, sino que afectan, o pueden afectar, a armadores e inversores de diversas nacionalidades, sin que se pueda establecer sesgo o limitación en este sentido, incompatible con las normas de competencia.

–      En tercer lugar, incluso en el caso de que se procediese a la revisión de criterios que permitieron la autorización del sistema antes mencionado, de modo que diese en ser considerado, ex post, incompatible con las normas de competencia de la Unión Europea, consideramos que no cabría en ningún caso exigir la devolución de las ayudas, ya que estas habrían sido compatibles hasta el momento de la nueva consideración, al tratarse del resultado de la aplicación de un sistema autorizado por la Comisión.

–      Además, la exigencia de devoluciones a todos los posibles beneficiarios del sistema es, de facto, de imposible ejecución. Entre otras consideraciones, el tiempo transcurrido hace que muchos de los beneficiarios ya ni siquiera existan, por lo que la exigencia de una eventual devolución sólo serviría para perjudicar comparativamente a los que todavía se encuentren en activo, aumentando el agravio y resultando en una mayor injusticia que la que supuestamente se trataría de corregir.

–      Por otro lado, la exigencia de devolución a un número indeterminado de  clientes o proveedores de servicios de las empresas de construcción naval -armadores, estructuradores e inversores-, tanto a aquellos con implantación en el territorio de la Unión Europea, como a los que tienen su sede fuera de ésta, arrojaría una sombra de inseguridad jurídica sobre las contrataciones de éste y otros sectores en todo el ámbito de la Unión Europea, que ineludiblemente perjudicaría a un número difícilmente calculable de empresas de modo irreversible, provocando daños muy superiores a cualquier beneficio perseguido.  En efecto, de aceptarse el hecho de que debe procederse a devolución, no podría descartarse que cualquier otro sistema de beneficios, fiscales o no, inicialmente aceptados por la Comisión, fuese considerado ilegal posteriormente, en virtud de las consecuencias de su aplicación, y exigida la devolución de las alícuotas de las potenciales ayudas a los actores implicados, suponiendo un verdadero colapso de la seguridad jurídica necesaria para el desarrollo de la vida económica.

En conclusión de todo lo anterior, la Cámara de Comercio de Vigo apoya la existencia de mecanismos que aseguren la libre competencia, y reconoce que corresponde a la Comisión Europea velar por la aplicación de estos mecanismos en el seno de la Unión Europea. Sin embargo, tales mecanismos no pueden suponer ni un freno ni un peligro para la propia actividad industrial en los países de la Unión y su aplicación no puede poner en cuestión el principio de seguridad jurídica que resulta fundamental en todos los aspectos de la vida ciudadana y especialmente en los relacionados con la actividad económica y empresarial.

 

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