Medicamentos: el gran negocio

“El gran negocio transnacional de los medicamentos” es un análisis de
Pedro Rivera Ramos sobre el poder y lucro de la industria farmacológica.

La producción de medicamentos constituye uno de los componentes más
importantes, más sólidos y más poderosos, conque cuentan en la actualidad
las gigantescas corporaciones transnacionales, que luego de la
reestructuración que hiciesen de su producción de plaguicidas, se
autocalificarán como “industrias de las ciencias de la vida”, al pasar a
controlar virtualmente todas las actividades esenciales para los seres
humanos en todo nuestro planeta.
Así, Syngenta, Monsanto, Bayer y otras, poseen una concentración de
intereses y un poder casi absoluto de áreas tan vitales, además del
lucrativo mercado farmacéutico, que comprende a las semillas agrícolas,
los productos veterinarios, los plaguicidas, la biotecnología y el
transporte y distribución de alimentos. Esto explica en gran medida,
muchas de las particularidades que hoy rodean y definen a una industria
farmacéutica, mucho más identificada con conceptos como rentabilidad
económica, acumulación de capital y beneficios, que en curar y salvar
vidas humanas.

En un mundo donde un niño menor de diez años muere cada cinco segundos por
hambre; más de 60 millones de mujeres dan a luz sin asistencia médica;
2,400 millones de personas carecen del acceso a servicios sanitarios
básicos; una tercera parte del planeta, según la OMS, no tienen acceso a
los medicamentos esenciales y más de 10 millones de niños mueren
anualmente por enfermedades para las que existen tratamientos; la poderosa
industria farmacéutica, concentrada en un puñado de empresas de países
altamente desarrollados y que monopolizan más del 85% del valor de la
producción mundial de fármacos, en buena parte protegidos por un sistema
de patentes totalmente injusto, arbitrario y fuera de control, genera
utilidades superiores a los 446 mil millones de dólares anuales.
Su poder es tal magnitud que imponen sus precios, discriminan en sus
ventas, aplastan las producciones locales, sobornan políticos, médicos y
autoridades de salud pública, en un negocio donde prevalece cada vez menos
la ética y la salud y sí la codicia y el mercantilismo más rampante. De
ese modo, lo que realmente le interesa a la gran industria farmacéutica,
no es la producción de medicamentos para curar, sino, como bien afirmara
el premio Nóbel de medicina de 1993, Richard J. Roberts, en entrevista en
mayo del 2008 a la revista Autogestión, que el verdadero interés de éstas
empresas por los fármacos es “sólo para cronificar dolencias con
medicamentos cronificadores mucho más rentables que los que curan del todo
y de una vez para siempre”. Más concretamente: clientes, pacientes y
usuarios; pero nunca, ni lo suficientemente muertos ni lo suficientemente
sanos.

Esta pronunciada y cínica orientación del negocio farmacéutico
transnacional, se descubre en toda su amplitud cuando advertimos que la
venta de drogas para mejoramiento estético, reducir peso corporal, dominar
el stress o superar la impotencia, es decir, para gente esencialmente
sana, representa una de sus principales preocupaciones investigativas y es
la que les genera sus mayores ingresos.
Esto demuestra que la investigación y desarrollo de nuevos medicamentos,
cuyo más alto volumen de producción y consumo se realiza en los países
altamente industrializados, además de estar adaptada a sus condiciones
socioeconómicas con niveles de prevención, higiene y alimentación
diferentes a los que tienen los habitantes de los países del llamado
Tercer Mundo, está dirigida hacia los sectores de la población mundial que
disfrutan de ingresos sustanciales o cuentan con dolencias o padecimientos
altamente lucrativos.
Por ello no resulta exagerado conocer, que casi el 90% del presupuesto que
estas poderosas industrias destinan a la investigación y desarrollo de
nuevas drogas, persigue el interés de atender los problemas de salud de
sólo el 10% de la población mundial. A esto se añade que otro elemento que
exhibe el verdadero móvil del multimillonario negocio farmacéutico, lo
encontramos en el impresionante gasto que realizan en sus renglones de
comercialización y publicidad.
Sólo en el área de comercialización admiten sin mucha reserva, que
invierten más de tres veces lo que gastan en investigación y desarrollo y
que el monto de su publicidad para los países capitalistas desarrollados,
ronda el 30% del valor total de sus ventas. Precisamente en el campo de la
publicidad emplean “todas las tácticas conocidas en el mundo capitalista:
folletería de lujo, publicidad por saturación, muestra gratis, viajes,
obsequios, conferencias, control de publicaciones y, lo más importante,
visitas reiteradas de vendedores especializados (“representantes” o
“visitadores” médicos)”¹

La salud, que junto a la educación y a la alimentación, constituyen
derechos básicos de cualquier ser humano con total independencia de su
nivel de ingreso, aparece, para felicidad y complacencia de la industria
farmacéutica transnacional, considerada como una mercancía más en los
tratados de libre comercio y en la OMC. Allí se discuten e imponen
normativas sobre propiedad intelectual y acceso a los medicamentos, que
tienen un efecto dramático y devastador sobre la salud de millones de
personas en el mundo y, principalmente sobre pacientes de países pobres
con SIDA, Alzheimer, afecciones cardíacas, hipertensión y otras.
Las patentes sobre medicamentos, basados muchos de ellos en compuestos
bioquímicos y conocimientos tradicionales recogidos o robados en las
regiones tropicales y subtropicales, niegan toda la teoría económica
liberal fundada en el libre comercio, al sustentarse irónicamente en el
proteccionismo y los derechos monopólicos. Este privilegio que limita
sensiblemente la competencia entre las empresas, ejerce una fuerte
restricción sobre la fabricación y distribución de fármacos genéricos que
son producidos por países como India, Brasil y Tailandia y que pueden
costar hasta un 50 por ciento menos que los medicamentos patentados.
Los genéricos no solamente han demostrado ser más baratos y muy exitosos
como equivalentes terapéuticos de los productos de marca, –la experiencia
brasileña en el tratamiento del SIDA así lo confirma– sino que
representan un ahorro considerable de divisas para los países pobres. Esto
explica las razones que llevaron a los 146 países miembros de la OMC a
fines de agosto del 2003, a poner en práctica parcialmente el punto # 17
de la Declaración ministerial de Doha, que recalca que el Acuerdo relativo
a los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual, “se interprete y
aplique de manera que apoye la salud pública, promoviendo tanto el acceso
a los medicamentos existentes como la investigación y desarrollo de nuevos
medicamentos”. Con dos años de retraso y luego de ocho meses de bloqueo
por Estados Unidos, el acuerdo alcanzado permite que los países pobres,
puedan tener acceso a fármacos de bajo precio para luchar contra las
enfermedades únicamente infecciosas.

Pero esta decisión, que distó mucho de poner en peligro a las principales
patentes farmacéuticas y sus jugosos beneficios, no fue bien recibida por
las poderosas empresas que hay detrás. Nada tardaron en la Unión Europea
para manipular la normativa aduanera y bajo el supuesto de sospechas de
falsificaciones médicas protegidas por propiedad intelectual, obstaculizar
hasta por seis meses en aeropuertos de Holanda y Alemania principalmente,
el comercio de fármacos genéricos legítimos. De todos modos, incautar o
retener remesas médicas legales por presiones de empresas farmacéuticas
multimillonarias, es un acto no sólo criminal, sino absolutamente inmoral,
y pone de manifiesto la estrecha colusión existente entre estos Estados y
sus omnipotentes industrias farmacológicas.
Precisamente es este vínculo el que sirve para explicarnos las exageradas
exigencias que aparecen en los capítulos de propiedad intelectual de los
TLC y que en la mayoría de las ocasiones, rebasan todo lo previsto hasta
ahora en las normativas y discusiones en la OMC. En esas tratativas y
aprovechándose de la debilidad de los países con los que negocian,
terminan por imponerles períodos superiores a los 20 años de vigencia para
sus patentes; protección para sus datos de prueba de 5 a 10 años;
descartar hasta el uso de la salvaguardia más importante que permite la
OMC: las licencias obligatorias.

Naturalmente que nadie puede objetar la lucha necesaria contra las
falsificaciones o adulteraciones de productos farmacéuticos y todos los
países deben adoptar las medidas que consideren indispensables. Con esto
se frenaría ampliamente un negocio que logra falsificar el 10% de los
medicamentos disponibles en el mercado mundial, generando más de 40 mil
millones de dólares al año. Actividad que no sólo representa la
distribución y consumo de fármacos ineficaces, sino que además, puede
causar víctimas fatales como las casi doscientas personas que en el 2006,
fueron envenenadas con dietileneglycol en Panamá o el tráfico de efedrina
y medicamentos adulterados descubierto en Argentina en agosto del 2008 y
que terminó con un triple homicidio.
No obstante, también es preciso exigir responsabilidades a los
laboratorios farmacéuticos transnacionales, cuando prefieren escoger las
ganancias y el lucro, en lugar de salvaguardar la salud y la vida de los
seres humanos. No es necesario explicar mucho esto para saber de lo que
hablamos. Allí están los ejemplos con el antiinflamatorio Vioxx
(rofexocib) de la empresa Merck, misma que según Peter Gillespie, tenía en
Estados Unidos a principios del 2007, “2,300 millones de dólares por
conceptos de impuestos no pagados por transferir sus patentes de
medicamentos a una compañía fantasma en Bermuda y luego deducir de sus
impuestos las regalías que se pagó a sí misma”.²
Del mismo modo, encontramos el antibiótico Baytril de los laboratorios
Bayer, que hace algunos años atrás fue prohibido parcialmente por la FDA
(Agencia de Drogas y Alimentos de Estados Unidos), ya que pese a estar
recomendado para uso veterinario, se descubrió que “afectaba sensiblemente
la acción de algunos productos con destino similar en los humanos”.
También de la Bayer, empresa responsable de varios tóxicos agrícolas, hubo
que retirar el Lipobay (Cerivastatina), recomendado para combatir el
colesterol, cuando se demostró ser el causante de miles de muertes por
infartos. Pfizer, otro poderoso laboratorio farmacéutico, tuvo problemas
similares en el 2004 con dos de sus medicamentos estrellas: Celebrex y
Bextra (valdecoxib).

Estas pocas muestras del comportamiento de la industria farmacéutica,
ponen de manifiesto que la lógica mercantil que impera en sus actividades,
carece por completo de ética. En ella es muy común la demora en reconocer
los efectos secundarios de sus productos y retirarlos del mercado, aún a
costa de la vida de las personas; abultar sus costos de investigación y
desarrollo para justificar el precio de sus sustancias patentadas; lanzar
versiones modificadas de productos existentes, sin que representen ningún
adelanto químico significativo; y aprovecharse con mucha efectividad del
considerable apoyo económico que les brindan generosamente los Estados
altamente desarrollados. En resumen, las transnacionales de los
medicamentos están más ligadas a los intereses de Wall Street, que son a
su vez los del avasallador mercado, que a las necesidades más apremiantes
de toda la Humanidad.

Notas:
1) Sanjaya Lall. Los efectos de la tecnología avanzada en los países en
desarrollo: el caso de la industria farmacéutica. Revista Comercio
Exterior de México. Noviembre de 1976.
2) Peter Gillespie. El negocio offshore. Servicio de Noticias de la Red
del Tercer Mundo. 30 de julio de 2007.(Fuente: Argenpress)

http://www.nodo50.org/ciencia_popular/

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