Acoso y droga en el Ayuntamiento de Benidorm

BBpeA39Un funcionario que le pide a un ciudadano 1.500 euros por hacerle la vista gorda en el cumplimiento de trabajos comunitarios por una condena (y el penado le paga al menos 900). Otro funcionario que intenta abusar sexualmente de una penada. Otro más que le propone a un penado cuyo cumplimiento de condena vigila que le haga de camello, que distribuya la cocaína que él vende. Es el panorama en el Ayuntamiento de Benidorm, en los trabajos comunitarios de cumplimiento de condenas, según denuncia el propio funcionario encargado del control de esas tareas, que acusa al propio Consistorio de hacer la vista gorda.

El técnico municipal, relevado de sus funciones, denunció el pasado 28 de enero en los juzgados de instrucción de la localidad hasta 10 posibles quebrantamientos de condena por hacer la vista gorda los funcionarios a sus espaldas, acusa a la Corporación de lavarse las manos en el asunto y ha pedido suspender el acuerdo entre el Ministerio del Interior y el Consistorio para estas labores.

«Desconozco si los hechos expuestos y de los que fueron debidamente informados el señor alcalde y la concejal de Bienestar Social han sido comunicados a la autoridad judicial», escribe en su denuncia, apuntando a posibles responsabilidades más arriba.

El Ayuntamiento, gobernado por el PP, contestó a estas acusaciones a este periódico por boca del edil de Seguridad, Lorenzo Martínez: «Estos hechos han sido remitidos a Personal para que se abrieran los expedientes informativos pertinentes». El denunciante, con quien este diario ha intentado contactar sin éxito, sostiene además que se le apartó contra su voluntad del control del servicio, y aporta documentación en ese sentido. El Consistorio sostiene que fue él quien renunció.

Los hechos denunciados por los penados, en cualquier caso, refieren un presunto descontrol importante en los trabajos comunitarios de cumplimiento de condena en el Ayuntamiento, con funcionarios que incluso animan a los condenados a quebrantar los mandamientos judiciales y les venden latas de cerveza a medio euro. La denuncia menciona también tres casos que ya están en los tribunales. A dos de ellas ha tenido acceso este diario.

Tráfico de drogas

J.L.C., que cumplía condena por violencia de género a finales de 2013, asegura en una denuncia policial que lo que comenzó como una broma terminó con el funcionario «capataz del grupo de condenados» proponiéndole que vendiera droga para él. «Por algunos conocidos, el declarante», reza la denuncia, «tiene conocimiento de que el tal A. podría dedicarse al tráfico de drogas, motivo por el que de vez en cuando el compareciente le gastaba una broma diciéndole que a ver cuándo le invitaba a una rayita, a lo que este contestaba que ya le daría para probarlo». Y sigue: «A la fecha indicada, cuando el dicente terminó de trabajar, se le acercó A. y le entregó una bolsita conteniendo un gramo de cocaína aproximadamente, diciéndole que cuando quisiera algo fuera directamente él y no le mandara a nadie».

Prosigue la denuncia que relata la presunta relación entre el condenado y el funcionario vigilante del cumplimiento de la condena: «A continuación de entregarle la cocaína le dijo que si quería podía vender para él, que algo le daría, comentándole que lo vendía a 60 euros el gramo y a 30 el medio». El penado refiere también la presencia de un testigo que daría fe de lo sucedido.

Otra denuncia presentada ante la Policía narra el caso de un ciudadano búlgaro condenado a 360 días de trabajos comunitarios. A este, según él mismo denuncia, se le acerca «un funcionario, de nombre J.C.A. [y aporta el nombre completo], ofreciéndole realizar un pago, en concepto de multa por 1.500 euros, con el cual se anulaba la pena impuesta por la cuantía de 360 jornadas en beneficio de la comunidad».

«Ese mismo día», sigue el papel, «el dicente realizó el pago, por la cuantía de 900 euros, al tal J.C.A., alegando que no disponía de más efectivo, sin recibir ningún justificante de pago». A continuación, el funcionario se da de baja en el servicio, siempre según el denunciante, que intenta localizarlo por vía telefónica sin éxito. Poco después, el funcionario le reconoce al penado que le ha mentido y le promete devolverle los 900 euros. Tiempo después, y ante la negativa del funcionario a devolver el dinero, el penado denuncia los hechos ante Justo López y después ante la Policía Nacional. Otro caso afecta al funcionario A.M.O., quien habría acosado sexualmente a una penada cuyo cumplimiento de condena se hallaba a su cargo y bajo su vigilancia.

Las otras 10 denuncias de presunto quebrantamiento de condena incluidas en la del técnico no tienen desperdicio. Los penados aseguran que no hay control de firmas o que éste se falsea. Que los propios funcionarios, en una jornada de 8.00 a 14.00 horas, permiten a los penados llegar a las 11.00 e irse a las 12.00. Que les pasean por la ciudad en vehículos municipales, que les dejan fumar hachís en dependencias públicas mientras vaguean. Que les dicen «que compren cuatro latas y descansen». Eso sí, que si ven venir al técnico que luego ha acabado denunciando, «disimulen como que estaban haciendo algo».

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